Red de inmigración ilegal desmantelada en Zaragoza
La Policía Nacional ha detenido a numerosas personas, todas ellas de nacionalidad china, en Zaragoza, Madrid, Barcelona y Gerona, a los que hay que sumar varios imputados de la misma nacionalidad, a los que se les atribuyen delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por favorecimiento de la inmigración ilegal, delitos de falsedad documental e infracciones muy graves a la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
La operación, denominada [Pekín], depende de un juzgado de instrucción de Zaragoza, que no descarta la posibilidad de nuevas detenciones.
Al parecer, los detenidos simulaban relaciones laborales en pequeños establecimientos regentados por ciudadanos chinos, con la finalidad de obtener indebidamente derechos reconocidos en la ley, permisos de residencia y trabajo, derechos sociales y, a posteriori, derecho a prestaciones económicas en perjuicio del erario público.
El fraude consistía fundamentalmente en la consecución de un contrato de trabajo inicial en Zaragoza, a través de la figura de un [conseguidor], para la regularización de los inmigrantes.
Una vez concedido el permiso de residencia y trabajo por la Delegación de Gobierno, solicitaban el visado de trabajo y la posterior alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social, y permanecían de alta en Zaragoza por un espacio de tiempo relativamente corto, para causar alta poco después en otras empresas ubicadas en distintas ciudades de España, dificultando así la investigación.
No obstante, debido a numerosas incoherencias, estas relaciones laborales posteriormente fueron declaradas ficticias por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
La operación, denominada [Pekín], depende de un juzgado de instrucción de Zaragoza, que no descarta la posibilidad de nuevas detenciones.
Al parecer, los detenidos simulaban relaciones laborales en pequeños establecimientos regentados por ciudadanos chinos, con la finalidad de obtener indebidamente derechos reconocidos en la ley, permisos de residencia y trabajo, derechos sociales y, a posteriori, derecho a prestaciones económicas en perjuicio del erario público.
El fraude consistía fundamentalmente en la consecución de un contrato de trabajo inicial en Zaragoza, a través de la figura de un [conseguidor], para la regularización de los inmigrantes.
Una vez concedido el permiso de residencia y trabajo por la Delegación de Gobierno, solicitaban el visado de trabajo y la posterior alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social, y permanecían de alta en Zaragoza por un espacio de tiempo relativamente corto, para causar alta poco después en otras empresas ubicadas en distintas ciudades de España, dificultando así la investigación.
No obstante, debido a numerosas incoherencias, estas relaciones laborales posteriormente fueron declaradas ficticias por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.